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Cuando el aborto se normaliza como solución: el espejo moral de nuestra sociedad

Jun 30, 2023

La paradoja moral contemporánea

Derechos humanos y exclusión del más vulnerable

Vivimos en una época que se define a sí misma como la era de los derechos. El lenguaje de la dignidad humana, del cuidado, de la inclusión y de la protección del vulnerable ocupa un lugar central en el discurso público, académico y político. Nunca antes se habló tanto de justicia social, de sensibilidad ética y de responsabilidad colectiva.

Y, sin embargo, esta misma época ha logrado normalizar —e incluso celebrar— la eliminación deliberada de la vida humana en gestación como una solución aceptable, técnica y moralmente neutra. Esta es la paradoja que rara vez se nombra: una cultura que se presenta como hipersensible en lo simbólico y sorprendentemente insensible en lo biológico.

El aborto suele ser presentado como un procedimiento médico desprovisto de carga moral, reducido a una cuestión de salud, elección o gestión privada. El lenguaje utilizado no es casual. Se habla de “interrupción”, de “derecho”, de “decisión”, de “acceso”, mientras se evita cuidadosamente la pregunta de fondo: ¿qué ocurre exactamente con la vida humana que se encuentra en desarrollo?

Esta disociación no es accidental; es cultural. Para sostenerla, la sociedad necesita fragmentar la realidad: por un lado, una ética expansiva para ciertos sujetos; por otro, una suspensión ética selectiva para aquellos que no pueden hablar, votar, protestar o reclamar derechos. El resultado es una forma de sensibilidad moral profundamente asimétrica.

Lo inquietante no es solo la práctica del aborto en sí, sino la facilidad con la que ha sido despojada de toda gravedad moral. Aquello que durante siglos fue considerado un dilema trágico —doloroso, excepcional, límite— hoy se presenta como una solución rutinaria, casi administrativa. Cuando una cultura logra transformar un conflicto moral profundo en un trámite, algo más amplio está ocurriendo.

La paradoja contemporánea no consiste en que existan conflictos éticos complejos. Eso ha ocurrido siempre. La verdadera paradoja es que una sociedad que proclama la defensa del vulnerable haya redefinido quién cuenta como vulnerable, y quién puede ser excluido sin que la conciencia colectiva se incomode demasiado.

Este no es aún un juicio definitivo, sino una constatación. Antes de responder qué debemos pensar sobre el aborto, es necesario reconocer el marco cultural en el que pensamos. Porque solo cuando una sociedad se vuelve capaz de ignorar sus propias contradicciones morales, comienza a llamar progreso a lo que antes exigía silencio, duelo y responsabilidad.

El empobrecimiento del debate: consignas en lugar de pensamiento

Polarización y evasión de la pregunta difícil

Uno de los rasgos más preocupantes del debate contemporáneo sobre el aborto no es la existencia de posturas opuestas, sino la sustitución del pensamiento por consignas. En lugar de argumentos, se repiten fórmulas. En lugar de preguntas, se levantan banderas. El resultado no es un diálogo ético, sino un choque de identidades morales que se gritan sin escucharse.

“Derecho a decidir” y “defensa de la vida” se han convertido en etiquetas totales. Funcionan como atajos emocionales que permiten ubicarse rápidamente en un bando, pero bloquean el análisis profundo. Cuando una consigna se vuelve suficiente para cerrar una conversación, deja de ser una herramienta comunicativa y se convierte en un dispositivo de evasión intelectual.

El problema no es que estas expresiones existan, sino que reemplazan la pregunta central en lugar de conducir a ella. Porque el conflicto ético real no se resuelve repitiendo palabras cargadas de legitimidad social. La cuestión incómoda —y por eso evitada— es otra:
¿qué tipo de sociedad somos cuando la eliminación del más vulnerable se presenta como una solución razonable a un problema humano complejo?

Esta pregunta no pertenece a ningún partido político ni a ninguna confesión religiosa. Es una pregunta antropológica y moral. Sin embargo, el clima cultural actual la considera peligrosa, porque obliga a detenerse, a incomodarse y a reconocer tensiones que no encajan bien en narrativas simples de buenos y malos.

El activismo emocional tiende a reducir los dilemas éticos a historias de opresores y oprimidos previamente definidos. En ese marco, cuestionar una consigna se interpreta como una traición moral. Pensar se vuelve sospechoso. Matizar se percibe como debilidad. Y así, el debate se empobrece no por falta de información, sino por exceso de certeza ideológica.

Una sociedad madura no es aquella que elimina los conflictos morales, sino la que puede sostenerlos sin disolverlos en propaganda. Cuando el aborto se discute exclusivamente en términos de identidad política o afiliación cultural, se pierde de vista lo esencial: estamos hablando de vida humana, de responsabilidad, de límites y de poder. Temas que no admiten respuestas automáticas.

El empobrecimiento del debate no protege a nadie. Ni a la mujer en situación de vulnerabilidad, ni al no nacido, ni a la sociedad en su conjunto. Al contrario: impide construir soluciones más humanas, más complejas y más justas. Porque donde solo hay consignas, no hay espacio para la verdad, solo para la repetición.

El aborto como problema antropológico, no solo legal

¿Quién cuenta como sujeto moral?

Reducir el aborto a una cuestión exclusivamente legal es una forma elegante de no enfrentarlo en su nivel más profundo. Las leyes regulan conductas, pero no crean valores; reflejan —con mayor o menor fidelidad— la antropología que una sociedad ya ha aceptado. Por eso, antes de preguntarnos qué permite o prohíbe el derecho, la pregunta verdaderamente decisiva es otra: ¿quién cuenta como sujeto moral?

Toda ética de los derechos humanos descansa sobre una afirmación básica: ciertos seres poseen dignidad por lo que son, no por lo que pueden hacer, producir o reclamar. Cuando esta idea se debilita, la dignidad deja de ser inherente y pasa a ser otorgada. Y aquello que se otorga, también puede retirarse.

En el debate sobre el aborto, este desplazamiento ocurre de forma silenciosa. La vida humana en gestación no se niega necesariamente en términos biológicos; se la desplaza en términos morales. No se discute tanto si está viva, sino si merece contar. Su valor se vuelve condicional: depende del deseo, de la viabilidad, del contexto social, económico o emocional.

Este criterio no es nuevo en la historia. Cada vez que una sociedad ha decidido que algunos seres humanos no califican plenamente como sujetos morales —por edad, capacidad, origen o utilidad— ha abierto la puerta a formas sofisticadas de exclusión. El lenguaje cambia, las justificaciones se refinan, pero la estructura es reconocible: la dignidad ya no es un punto de partida, sino una conclusión negociable.

Presentar el aborto como un derecho absoluto implica aceptar que la vida humana puede ser evaluada según criterios externos a su propia naturaleza. No porque no sea humana, sino porque resulta inconveniente, no deseada o costosa. Esta lógica no se detiene naturalmente en el útero; redefine el significado mismo de los derechos humanos.

El problema antropológico no afecta solo al no nacido. Afecta a todos. Si la dignidad depende de condiciones —autonomía, conciencia, productividad, reconocimiento social— entonces ningún derecho es realmente seguro. La pregunta deja de ser “¿qué es el ser humano?” y se transforma en “¿qué humanos merecen protección hoy?”.

Este es el núcleo del desacuerdo. No es una disputa entre ciencia y religión, ni entre progreso y tradición. Es una disputa sobre el fundamento moral de la dignidad humana. Y mientras esta pregunta no se enfrente con honestidad, el debate seguirá girando en torno a leyes, plazos y procedimientos, sin tocar el corazón del problema.

Libertad, responsabilidad y el falso dilema

Por qué la libertad sin límites no es libertad

Uno de los marcos más repetidos en la defensa contemporánea del aborto es el del conflicto irreconciliable: la libertad de la mujer frente a una moral que busca imponerse sobre su cuerpo. Este planteamiento, aunque emocionalmente eficaz, introduce un falso dilema. Presupone que toda restricción moral es una forma de opresión y que toda elección individual, por el solo hecho de ser elegida, es moralmente legítima.

Sin embargo, ninguna sociedad funciona bajo ese principio. La libertad humana siempre ha sido entendida —en todas las tradiciones éticas serias— como inseparable de la responsabilidad, especialmente cuando las decisiones afectan a terceros. No existe una libertad absoluta en contextos donde hay otros involucrados. La ley, la ética y la convivencia social se construyen precisamente para mediar esos límites.

El debate sobre el aborto se empobrece cuando se presenta como una lucha entre “la mujer” y “la moral”, como si reconocer límites fuera negar la dignidad femenina. Esta dicotomía no solo es falsa, sino injusta. Reduce a la mujer a un sujeto aislado, cargado con un conflicto que en realidad es estructural, social y relacional.

Afirmar que la mujer importa no exige negar que la vida en gestación también importa. Ambas realidades pueden —y deben— sostenerse simultáneamente. El problema aparece cuando la libertad se redefine como la capacidad de eliminar aquello que incomoda, en lugar de la capacidad de asumir responsabilidades complejas con apoyo real.

La autonomía auténtica no consiste en enfrentar sola una decisión límite, sino en contar con condiciones que hagan posible una elección verdaderamente humana. Cuando la única salida ofrecida ante la dificultad es el aborto, la libertad deja de ser elección y se convierte en abandono ético disfrazado de empoderamiento.

Una sociedad que valora la libertad no elimina al más débil para preservar la comodidad del más fuerte. Busca soluciones que integren, sostengan y acompañen. Si esto no ocurre, no estamos ante un exceso de moralismo, sino ante un déficit de responsabilidad colectiva.

El falso dilema entre libertad y moral sirve para cerrar el debate, no para resolverlo. Porque una libertad que necesita negar la existencia moral de otro ser humano para sostenerse es una libertad frágil, dependiente y profundamente condicionada.

Ciencia, biología y el verdadero desacuerdo

El conflicto no es científico, es moral

Con frecuencia se afirma que el debate sobre el aborto está “resuelto por la ciencia”. Esta afirmación, aunque repetida con seguridad, es profundamente engañosa. La ciencia describe procesos; no decide valores. Y cuando se la invoca para clausurar una discusión ética, suele estar cumpliendo una función retórica, no explicativa.

Desde el punto de vista biológico, hay un consenso básico: la vida humana comienza con la fecundación. En ese momento surge un organismo nuevo, con un genoma propio, distinto del de la madre y del padre, que se desarrolla de manera continua, coordinada y autónoma (aunque dependiente). No hay saltos ontológicos posteriores. No existe un “antes no humano” y un “después humano”. Hay un proceso de desarrollo de un mismo ser vivo.

Este dato no pertenece a ninguna ideología religiosa ni política; pertenece a la embriología moderna. Lo que sí está en disputa no es si hay vida humana, sino qué hacemos moralmente con ese hecho. El desacuerdo es normativo, no empírico.

Negar o diluir este punto suele requerir una estrategia: desplazar la discusión desde la biología hacia criterios filosóficos selectivos. Se introduce entonces el lenguaje de la “persona”, la “conciencia”, la “viabilidad” o la “capacidad de sentir”. Estos criterios no son científicos; son decisiones filosóficas sobre qué características consideramos moralmente relevantes.

El problema no es que se hagan juicios filosóficos —eso es inevitable—, sino que se los presente como si fueran conclusiones científicas. Cuando se afirma que “no es una vida humana relevante” o que “no es alguien todavía”, no se está citando un estudio de laboratorio; se está adoptando una posición ética específica sobre el valor de ciertas vidas.

Además, la apelación selectiva a la ciencia revela una incoherencia: en otros contextos, se insiste en “creer a la ciencia” incluso cuando sus conclusiones son incómodas. En el caso del aborto, en cambio, la ciencia es aceptada solo hasta donde no interfiere con el resultado deseado. Cuando el dato biológico incomoda, se relativiza o se silencia.

Separar datos biológicos de juicios morales no debilita el debate; lo fortalece. Permite reconocer honestamente dónde termina la descripción y dónde comienza la decisión ética. Lo contrario —usar la ciencia como arma para cerrar la conversación— no es rigor intelectual, es manipulación discursiva.

El verdadero desacuerdo sobre el aborto no es sobre cromosomas, latidos o desarrollo embrionario. Es sobre si la dignidad humana depende de ciertas capacidades o si es inherente al hecho de ser humano. Y esa es una pregunta moral que ninguna gráfica puede resolver por sí sola.

Compasión mal entendida: comprender no es justificar

El uso del sufrimiento como argumento absoluto

Uno de los recursos más poderosos —y a la vez más delicados— en el debate sobre el aborto es el sufrimiento. Historias de miedo, abandono, violencia, pobreza o desesperación se presentan como argumentos concluyentes, no para ser escuchados y comprendidos, sino para cancelar cualquier evaluación ética posterior. El dolor se convierte así en una especie de credencial moral incuestionable.

Reconocer el sufrimiento es indispensable. Negarlo sería una forma de crueldad intelectual y humana. Pero comprender una situación no implica automáticamente justificar cualquier respuesta que surja de ella. Esta distinción, básica en toda ética madura, suele desaparecer en el discurso contemporáneo.

Cuando el sufrimiento se utiliza como argumento absoluto, ocurre algo problemático: la reflexión moral queda suspendida. Preguntar se vuelve ofensivo. Analizar se interpreta como falta de empatía. Y así, la compasión deja de ser una virtud que acompaña la verdad para convertirse en un instrumento que la silencia.

La historia moral de la humanidad muestra que el dolor, por sí solo, nunca ha sido un criterio suficiente para decidir lo justo. El sufrimiento explica por qué alguien actúa; no determina automáticamente que la acción sea buena. Confundir estas dos cosas no protege a los vulnerables: los expone a soluciones rápidas que no transforman las causas profundas del problema.

En el caso del aborto, esta confusión es especialmente grave. La mujer que enfrenta un embarazo en condiciones adversas necesita apoyo, acompañamiento, recursos reales y corresponsabilidad social. Reducir todas esas necesidades a una única salida —la eliminación del hijo— es una forma de empobrecimiento moral que se disfraza de compasión.

La compasión auténtica no elimina las preguntas difíciles; las hace más urgentes. No dice “todo está permitido porque duele”, sino “esto duele tanto que exige una respuesta más humana, más creativa y más responsable”. Cuando el sufrimiento se convierte en un escudo contra el pensamiento, deja de sanar y empieza a anestesiar.

Una sociedad verdaderamente compasiva no se limita a legitimar decisiones trágicas; trabaja para que esas decisiones no se presenten como inevitables. De lo contrario, el dolor no se alivia: se administra.

El lenguaje como anestesia moral

Eufemismos y manipulación semántica

El modo en que una sociedad nombra las cosas nunca es neutral. El lenguaje no solo describe la realidad: la filtra, la ordena y, en muchos casos, la suaviza para hacerla soportable. Cuando una práctica requiere ser envuelta sistemáticamente en tecnicismos y eufemismos, suele ser señal de que existe una incomodidad moral que no quiere ser afrontada de frente.

En el debate sobre el aborto, el lenguaje cumple una función anestésica. Se habla de “interrupción”, “procedimiento”, “producto de la concepción”, “contenido uterino” o “derecho reproductivo”, evitando términos que remitan a una realidad humana concreta. No se trata solo de precisión médica; se trata de despersonalización.

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en la filosofía del lenguaje y en la ética. Cuando las palabras eliminan al sujeto moral del campo semántico, también lo eliminan del campo de la responsabilidad. El acto ya no parece dirigirse a alguien, sino a algo. Y lo que se hace a “algo” pesa menos que lo que se hace a “alguien”.

El uso de lenguaje técnico no es problemático en sí mismo. La medicina, el derecho y la ciencia lo necesitan. El problema surge cuando el tecnicismo se utiliza para ocultar el contenido moral de una acción, no para clarificarlo. Cuando el lenguaje deja de iluminar y empieza a encubrir, ya no informa: protege psicológicamente a quien lo usa.

Las sociedades no suavizan el lenguaje frente a aquello que consideran trivial. Lo hacen frente a aquello que saben, aunque sea de forma implícita, que tiene peso. La historia muestra este patrón con claridad: guerras, torturas, exclusiones y abusos siempre han venido acompañados de vocabularios cuidadosamente diseñados para reducir el impacto moral de lo que se hace.

En este sentido, el lenguaje del aborto no es una casualidad cultural, sino un síntoma. Cuando una sociedad necesita distanciarse verbalmente de una acción, suele ser porque no puede hacerlo éticamente sin tensión. Las palabras funcionan entonces como un colchón emocional que permite seguir adelante sin detenerse a mirar.

Nombrar con claridad no obliga a una conclusión automática, pero sí obliga a honestidad. Y la honestidad es el primer requisito de cualquier debate moral que aspire a algo más que la autojustificación.

La incoherencia del discurso de derechos humanos

Sensibilidad selectiva y derechos condicionales

El lenguaje de los derechos humanos se presenta como uno de los mayores logros morales de la modernidad. Su fuerza radica, precisamente, en una idea simple y exigente: los derechos no dependen de quién seas, de lo que puedas hacer ni de cuán útil resultes, sino del hecho básico de ser humano. Cuando este principio se fragmenta, el discurso permanece, pero su contenido se vacía.

En el debate contemporáneo sobre el aborto, esta incoherencia se vuelve evidente. Por un lado, se amplía constantemente el catálogo de derechos simbólicos, identitarios y expresivos. Por otro, se restringe —o se relativiza— el derecho más elemental: el derecho a la vida de aquellos que no pueden reclamarlo por sí mismos. La universalidad se reemplaza por una jerarquía implícita de vidas.

Esta sensibilidad selectiva no suele reconocerse como tal. Se presenta como progreso, cuando en realidad implica un cambio silencioso en el fundamento moral de los derechos. Ya no se protegen por ser humanos, sino por cumplir ciertos criterios: conciencia, autonomía, deseo ajeno, reconocimiento social. Quien no los cumple queda fuera del círculo moral sin que la palabra “exclusión” sea pronunciada.

El problema no es solo teórico. Cuando los derechos dejan de ser universales, se vuelven frágiles. Aquello que hoy se concede puede mañana retirarse si cambian los criterios. La historia demuestra que las categorías condicionales de dignidad nunca permanecen estables; siempre tienden a expandirse hacia nuevas formas de exclusión.

Resulta paradójico que una cultura que se define por su preocupación por las minorías haya aceptado, casi sin resistencia, que exista una minoría absoluta —sin voz, sin representación, sin capacidad de protesta— cuya eliminación sea legalmente protegida. No porque no sea humana, sino porque no encaja en la narrativa dominante de derechos.

La incoherencia del discurso de derechos humanos no se manifiesta en lo que se dice, sino en lo que se omite. Defender derechos mientras se redefine quién merece tenerlos no es una ampliación moral; es una reconfiguración del poder bajo un lenguaje moralmente prestigioso.

El aborto como herramienta histórica de opresión

Eugenesia, control poblacional y poder

Presentar el aborto únicamente como una conquista de libertad individual borra una parte incómoda —pero esencial— de su historia. A lo largo del siglo XX, el aborto no fue promovido principalmente como un derecho, sino como una herramienta de gestión social, íntimamente ligada a proyectos de control poblacional, eugenesia y administración estatal de cuerpos considerados “problemáticos”.

Los movimientos eugenésicos, hoy ampliamente desacreditados, no surgieron en los márgenes de la historia, sino en el centro de las instituciones académicas y políticas de Occidente. Bajo un lenguaje de progreso, salud pública y mejoramiento social, se defendió la idea de que ciertas vidas eran menos valiosas, menos deseables o directamente indeseables. El aborto, junto con la esterilización forzada, fue uno de los instrumentos utilizados para materializar esa visión.

No se trataba de empoderar a las mujeres, sino de regular quién debía nacer y quién no. Pobres, personas con discapacidad, minorías étnicas y grupos considerados “degenerados” fueron los principales destinatarios de estas políticas. El cuerpo femenino se convirtió en territorio de intervención técnica al servicio de objetivos demográficos, económicos o ideológicos definidos desde arriba.

Este pasado no puede descartarse como una anomalía irrelevante. Las lógicas de poder rara vez desaparecen; se transforman. Cambian el lenguaje, suavizan los métodos, reformulan los argumentos. Lo que antes se justificaba en nombre de la “pureza racial” hoy puede presentarse como “reducción de la pobreza” o “salud reproductiva”. Pero la pregunta de fondo permanece: ¿quién decide qué vidas son una carga y cuáles merecen ser protegidas?

Ignorar esta historia empobrece gravemente el debate contemporáneo. No porque toda defensa actual del aborto sea eugenésica, sino porque los mismos mecanismos de selección moral siguen operando, aunque bajo marcos narrativos distintos. Cuando el aborto se promueve de manera desproporcionada en contextos de vulnerabilidad social, no es ilegítimo preguntarse si estamos ante una elección libre o ante una política que gestiona la exclusión con un rostro compasivo.

Recordar esta dimensión histórica no busca culpabilizar, sino advertir. Las sociedades que olvidan cómo justificaron la eliminación de ciertos grupos tienden a repetir los mismos patrones con nuevos nombres. Y cuando el poder aprende a presentarse como cuidado, se vuelve más difícil de cuestionar.

El caso de la Unión Soviética y el control del cuerpo femenino

Productividad, Estado y maternidad regulada

Uno de los ejemplos históricos más claros de cómo el aborto puede funcionar como instrumento de poder —y no como expresión de libertad— se encuentra en la Unión Soviética. Allí, el aborto fue legalizado tempranamente, no como reconocimiento de la autonomía femenina, sino como herramienta de gestión demográfica y económica al servicio del Estado.

En 1920, la URSS se convirtió en el primer país en legalizar el aborto de manera amplia. La decisión no respondió a una preocupación central por los derechos de la mujer, sino a una lógica utilitarista: regular la reproducción en función de las necesidades productivas, laborales y sociales del proyecto socialista. La maternidad fue concebida como un factor que debía administrarse, no como una realidad humana que merecía protección integral.

La mujer fue integrada masivamente al aparato productivo, pero sin una transformación real de las condiciones que hacían compatible el trabajo con la maternidad. El resultado fue una contradicción estructural: se exigía productividad, pero se ofrecía el aborto como solución al “problema” del embarazo. La vida en gestación no fue reconocida como sujeto de valor, sino como variable demográfica ajustable.

Esta lógica se volvió tan evidente que, en períodos posteriores, el propio Estado soviético restringió nuevamente el aborto cuando enfrentó crisis de natalidad. La legalidad del aborto no respondía a principios éticos estables, sino a necesidades coyunturales del sistema. Cuando hacía falta mano de obra, se limitaba. Cuando el embarazo interfería con la producción, se promovía.

Este vaivén revela algo fundamental: el discurso de la libertad puede coexistir perfectamente con estructuras profundas de control. Cambiar la narrativa no altera necesariamente la relación de poder. En el caso soviético, el cuerpo femenino fue instrumentalizado primero como fuerza de trabajo y luego como recurso reproductivo, según lo exigiera el Estado.

Este ejemplo histórico es incómodo porque desmonta una idea muy extendida: que la legalización del aborto es, por sí misma, un indicador de progreso moral o emancipación femenina. La experiencia soviética muestra lo contrario: el aborto puede ser legal y, aun así, operar como mecanismo de subordinación, especialmente cuando no existen alternativas reales que acompañen la maternidad.

Recordar este caso no implica trasladar mecánicamente el pasado al presente, sino advertir una constante histórica: cuando la maternidad se regula desde arriba y la eliminación del hijo se presenta como solución técnica, la libertad suele ser retórica y el poder, muy concreto.

Occidente, pobreza y aborto selectivo

Elección dentro de marcos profundamente limitados

En el discurso contemporáneo occidental, el aborto suele presentarse como una elección libre, individual y empoderante. Sin embargo, esta narrativa se vuelve frágil cuando se observa quiénes abortan con mayor frecuencia y en qué contextos. La libertad, para ser tal, requiere opciones reales. Y en muchos casos, esas opciones simplemente no existen.

Las tasas más altas de aborto se concentran de manera sistemática en comunidades empobrecidas, racializadas y socialmente vulnerables. No porque estas mujeres valoren menos la vida, sino porque enfrentan condiciones estructurales que convierten el embarazo en una amenaza económica, laboral o social. Cuando la precariedad es la norma, la “elección” se da bajo presión constante.

En estos contextos, el aborto aparece menos como una decisión libre y más como la única salida disponible dentro de un sistema que no ofrece acompañamiento sostenido, apoyo material ni corresponsabilidad social. Se habla de autonomía mientras se retiran redes de apoyo. Se invoca el derecho a decidir mientras se normaliza el abandono.

Resulta significativo que, en lugar de invertir prioritariamente en políticas que hagan viable la maternidad —licencias dignas, apoyo económico real, protección laboral, corresponsabilidad masculina—, muchas sociedades occidentales hayan optado por facilitar el acceso al aborto como solución rápida. El problema no se resuelve: se elimina.

Esta lógica reproduce una forma moderna de selección social. No explícita, no coercitiva en apariencia, pero efectiva. Las vidas que nacen son, cada vez más, las de quienes pueden permitirse criarlas. Las que no encajan en ese marco económico se vuelven prescindibles, aunque el lenguaje utilizado sea el de la elección y el cuidado.

Cuando la única opción ofrecida a una mujer vulnerable es abortar, no estamos ante una ampliación de libertad, sino ante una renuncia colectiva a la justicia social. La desigualdad no se combate eliminando a quienes nacen en desventaja, sino transformando las condiciones que hacen de esa desventaja una condena.

Llamar “libre elección” a una decisión tomada bajo presión estructural es una forma sofisticada de desplazar la responsabilidad del sistema hacia el individuo. Y cuando esto ocurre, el aborto deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta silenciosa de gestión de la pobreza.

Mujer vs. feto: una dicotomía falsa

El peso estructural que no se quiere ver

Plantear el debate sobre el aborto como un enfrentamiento entre la mujer y el feto es una de las simplificaciones más persistentes —y más injustas— del discurso contemporáneo. Esta dicotomía no solo distorsiona la realidad moral del problema, sino que oculta las verdaderas responsabilidades estructurales que rodean el embarazo en contextos de vulnerabilidad.

Presentar a la mujer como un sujeto aislado, enfrentado a una vida que “compite” con la suya, invisibiliza factores clave: el abandono masculino, la precariedad laboral, la falta de políticas familiares coherentes y una cultura que exige autonomía individual mientras retira el apoyo colectivo. En este marco, el aborto aparece como una solución privada a un problema que es profundamente social.

El silencio sobre la responsabilidad masculina es particularmente revelador. En muchos casos, el embarazo ocurre en contextos de abandono emocional, económico o legal por parte del padre. Sin embargo, el peso moral, psicológico y práctico de la decisión recae casi exclusivamente sobre la mujer. El sistema absuelve al ausente y responsabiliza a quien permanece.

A esto se suma un modelo laboral que penaliza la maternidad, una estructura económica que castiga la dependencia y una narrativa cultural que valora la productividad por encima del cuidado. En lugar de transformar estas condiciones, se elimina al hijo como forma de adaptación al sistema. El conflicto no se resuelve; se desplaza hacia el cuerpo femenino.

La dicotomía mujer versus feto es falsa porque presupone que proteger una vida implica necesariamente sacrificar a la otra. Esta lógica no es ética; es funcional. Sirve para evitar preguntas más profundas sobre corresponsabilidad, justicia social y organización del poder. Es más sencillo enfrentar a dos vulnerables que cuestionar estructuras que no acompañan a ninguno.

Una sociedad verdaderamente justa no obliga a elegir entre la dignidad de la mujer y la dignidad de la vida en gestación. Exige condiciones en las que ambas puedan ser afirmadas simultáneamente. Cuando esa exigencia desaparece, el aborto se convierte en el síntoma de un fracaso colectivo, no en una conquista individual.

El criterio final de una sociedad justa

Qué revela una cultura sobre sí misma

Las sociedades se definen menos por sus declaraciones que por sus decisiones límite. No por lo que afirman en abstracto, sino por cómo tratan a quienes no pueden defenderse, a quienes no tienen voz, poder ni utilidad inmediata. Ese es el punto donde las convicciones se vuelven visibles.

El aborto, en este sentido, no es solo una práctica médica ni un derecho legal. Es un síntoma cultural. Revela qué tipo de humanidad una sociedad reconoce como digna de protección y bajo qué condiciones esa protección puede ser retirada. Cuando la vida humana deja de ser un principio y pasa a ser una variable, el criterio de justicia se vuelve inestable.

Una cultura justa no se mide por la ausencia de conflictos morales, sino por la forma en que los enfrenta. El dilema del aborto expone una tensión profunda entre comodidad, eficiencia y responsabilidad. El modo en que se resuelve —o se evita— dice mucho más que cualquier manifiesto ético.

Cuando una sociedad acepta que la eliminación del más vulnerable es una solución legítima a problemas complejos, envía un mensaje silencioso pero poderoso: la dignidad es negociable. Puede ampliarse para algunos y suspenderse para otros. Puede defenderse con pasión en ciertos casos y relativizarse en otros, sin que la contradicción genere demasiada incomodidad.

Este criterio no se queda encerrado en el ámbito del aborto. Se filtra hacia otras áreas: el trato a los ancianos, a los enfermos, a los dependientes, a quienes ya no producen o no encajan. Una vez que la dignidad se condiciona, ningún límite es definitivo.

Las sociedades verdaderamente justas no son aquellas que eliminan lo frágil para preservar la eficiencia, sino las que organizan su estructura para sostener la fragilidad sin negarla. Esto exige más esfuerzo, más recursos y más responsabilidad. Pero también preserva algo esencial: la coherencia moral.

El aborto, visto desde esta perspectiva, funciona como un espejo. No refleja solo una decisión individual, sino el tipo de comunidad que estamos construyendo y el precio que estamos dispuestos a pagar por evitar preguntas incómodas.

La pregunta que queda

Después de recorrer los argumentos, la historia, el lenguaje, las estructuras de poder y las tensiones morales, no queda una consigna clara para repetir, ni un eslogan cómodo para compartir. Queda algo más exigente: una pregunta que no admite respuestas automáticas.

Porque el problema del aborto no se resuelve decidiendo de qué lado estamos, sino preguntándonos con honestidad qué tipo de sociedad estamos construyendo. Una sociedad puede proclamarse defensora de los derechos humanos y, al mismo tiempo, redefinir silenciosamente quién merece ser incluido en ellos. Puede hablar de compasión mientras normaliza soluciones que eliminan al más indefenso. Puede llamar libertad a decisiones tomadas bajo presión estructural.

Nada de esto obliga a negar la complejidad, el dolor o las situaciones límite. Al contrario. Obliga a tomarlas en serio. Pero tomarlas en serio no significa suspender el juicio moral, sino elevarlo. Significa preguntarnos si estamos respondiendo al sufrimiento con acompañamiento real o con atajos éticos. Si estamos ampliando la dignidad humana o ajustándola según conveniencia cultural.

El aborto, en última instancia, actúa como un espejo moral. No refleja solo una práctica, sino una concepción del ser humano, de la responsabilidad y del valor de la vida. Frente a ese espejo, cada sociedad —y cada lector— debe decidir si lo que ve le resulta coherente o inquietante.

La pregunta queda abierta, no como provocación, sino como invitación a pensar:

¿Estamos defendiendo la dignidad humana como principio, o redefiniéndola según lo que resulta más fácil de sostener?

 

Yudy Lantigua

 

Referencias

Associated Press. (2023, October 27). From Stalin to Putin, abortion has had a complicated history in Russia.

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